El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha solicitado una reunión con la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, a raíz de la sentencia dictada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que afecta a las torres de Punta Llisera. Esta solicitud se suma a la ya cursada en el mismo sentido a la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Mª José Salvador.
La concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha explicado que se han pedido ambas citas “porque en este procedimiento son parte la Administración General del Estado y la Conselleria, pero no el Ayuntamiento”. Por tanto, son ambas administraciones las que disponen de toda la información respecto a la situación legal y jurídica del asunto.
Caselles ha hecho estas declaraciones al término de una Junta de Portavoces en la que se ha informado a los grupos de la corporación sobre la reunión mantenida ayer “con el abogado que representa a cerca de 60 propietarios” de las torres, que trasladó al Ayuntamiento el contenido de la sentencia del TSJ. La edil ha señalado que en esa reunión, el abogado comunicó que “la Conselleria ha presentado un recurso de reposición contra el auto de ejecución de sentencia” del alto tribunal valenciano, que daba un plazo de tres meses para derribar los dos bloques de viviendas.
Asimismo, este representante legal indicó al Ayuntamiento que tras este recurso de reposición “caben también recursos de reforma” por parte de los afectados, que “entendemos que van a presentar para defender sus derechos”. A la vista de todos estos recursos, “el derribo de las torres dictado por el TSJ no va a ser inminente”.
La titular de Urbanismo ha señalado que, en cualquier caso, el Ayuntamiento quiere tener información de todas las partes implicadas en este procedimiento y de ahí que se hayan solicitado las reuniones con la ministra y la consellera.
A preguntas de los periodistas, Caselles ha aclarado que el único procedimiento vinculado a las torres de Punta Llisera en el que estaba personado el Ayuntamiento era el relativo al otorgamiento de la licencia de ocupación. Un procedimiento en el que “tanto en primera como en segunda instancia” los tribunales han dado la razón al Ayuntamiento, diciendo que “las licencias municipales estaban bien dadas”, puesto que la edificación “cumplía los requisitos urbanísticos”. Este procedimiento se resolvió en el TSJ el pasado mes de mayo.
La edil ha recordado que “en ningún momento se ha hablado de ilegalidad” en el otorgamiento de licencias de las torres por parte del Ayuntamiento, y que el pronunciamiento del Tribunal Supremo en 2012, del que deriva el actual auto de ejecución de sentencia, hace referencia a “la licencia concedida por la Conselleria”.
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